PROSPECTIO / DOCUMENTO DE ANÁLISIS · Carlos Andrés Rodríguez B.
Resumen
Este artículo sostiene que la explotación ilícita de recursos naturales y los efectos del cambio climático modifican el objeto, las amenazas y los instrumentos de la seguridad y la defensa en Colombia, y que ese desplazamiento carece todavía de un marco conceptual que lo ordene. Para atender ese vacío se formula una teoría verde de la seguridad colombiana, construida sobre cinco fundamentos —empírico, teórico, jurídico, de política pública y ético— y expresada en seis postulados, una tipología de amenazas ambientales y un conjunto de salvaguardas frente a los riesgos de securitizar la agenda ambiental. La segunda parte aplica un ejercicio de prospectiva exploratoria con horizonte a 2036, que construye cuatro escenarios a partir de dos ejes de incertidumbre y define un escenario apuesta con líneas de acción, indicadores y metas. El análisis concluye que la viabilidad de la propuesta depende menos de su fundamentación normativa, que en buena medida ya existe, que de su institucionalización por encima de los ciclos de gobierno.
Teoría verde de la seguridad colombiana: fundamentos y escenarios a 2036
Durante buena parte del conflicto armado colombiano, la política de seguridad se organiza alrededor de un adversario que disputa al Estado el control del territorio y de la población. Ese problema persiste, pero su base material cambia. Las estructuras armadas obtienen una porción creciente de sus rentas de la extracción ilícita de minerales, de la deforestación y de la extorsión a actividades extractivas, mientras el cambio climático altera la disponibilidad de agua y la estabilidad de los ecosistemas de los que depende la población. En estas condiciones, el control de los recursos naturales es a la vez fuente de financiación, objeto de disputa y causa de victimización.
Este trabajo sostiene que ese sistema modifica los términos en que se define la seguridad nacional: el objeto referente, la naturaleza de las amenazas, los instrumentos legítimos para enfrentarlas y los criterios de evaluación de resultados. A partir de ese diagnóstico se propone una teoría verde de la seguridad colombiana, entendida como un marco que reconoce los ecosistemas y los recursos naturales estratégicos como objeto de protección de la seguridad nacional, tipifica las amenazas que los afectan y delimita el papel del sector defensa en su protección, subordinado a las autoridades ambientales y sometido a control civil.
La pregunta de investigación es doble: en qué fundamentos puede apoyarse una teoría de este tipo y qué futuros resultan plausibles para su adopción en el horizonte de 2036. El artículo revisa primero los antecedentes teóricos y sus objeciones, formula después la teoría y, finalmente, aplica un ejercicio de prospectiva exploratoria para construir escenarios y derivar una estrategia sectorial.
Antecedentes teóricos
La ampliación del concepto de seguridad
La concepción de la seguridad como defensa militar frente a otros Estados pierde exclusividad en la década de 1990. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (1994) introduce la seguridad humana e incluye la dimensión ambiental entre sus componentes. Buzan et al. (1998) proponen un marco de cinco sectores —militar, político, económico, societal y ambiental— y explican la construcción de las amenazas mediante la securitización: un asunto se convierte en problema de seguridad cuando un actor lo presenta como amenaza existencial para un objeto referente y obtiene aceptación para adoptar medidas excepcionales. En el sector ambiental, ese objeto puede ser el ecosistema, la población que depende de él o el propio Estado, y cada opción conduce a instrumentos y riesgos distintos.
Recursos naturales y conflicto
La relación entre ambiente y violencia se explica desde dos tesis complementarias. Homer-Dixon (1999) sostiene que la escasez de recursos renovables genera migraciones, tensiones entre grupos y debilitamiento institucional; Collier (2000) desplaza la atención hacia la abundancia, al mostrar que los recursos valiosos y saqueables financian a los grupos armados y prolongan los conflictos. Ross (2003) añade que la dependencia de los recursos reduce el crecimiento y aumenta la pobreza. La evidencia agregada respalda el vínculo: Renner (2004) estima que cerca de una cuarta parte de los conflictos armados activos al momento de su estudio tienen un componente de recursos significativo, y la Organización de las Naciones Unidas (2018) eleva la proporción a más del 40 % de los conflictos internos de las últimas seis décadas.
El caso colombiano se ajusta mejor a la tesis de la abundancia. Cuando la apertura económica reorienta el modelo productivo hacia el petróleo, el carbón y el oro, las FARC, el ELN y las AUC se expanden hacia las zonas de nueva riqueza para sostener su economía de guerra (Mantilla, 2012). La disputa adquiere un doble carácter, territorial y por recursos estratégicos (Pizarro, 2004), y se extiende a la extorsión sobre las regalías petroleras (Leiteritz et al., 2009) y a la configuración de órdenes paraestatales en torno a la explotación esmeraldífera (Álvarez-Álvarez, 2015).
La teoría verde de las relaciones internacionales
Eckersley (2007) observa que el neorrealismo considera el cambio climático un asunto periférico, salvo que afecte directamente la seguridad nacional, y que el neoliberalismo institucional se limita a diseñar incentivos para la cooperación. Frente a ambos, la teoría verde reinterpreta tres conceptos estructurantes: la seguridad como seguridad ecológica, el desarrollo como desarrollo sostenible y la justicia internacional como justicia ambiental. Torres (2017) identifica su consecuencia práctica, pues los Estados que perciben el cambio climático como amenaza tienden a incorporar la protección de los recursos naturales en sus políticas de defensa, y Barrón (2004) documenta un antecedente en la propuesta española de aplicar un programa ambiental en todas las instalaciones del Ministerio de Defensa.
Las objeciones a la seguridad ambiental
Deudney (1990) argumenta que vincular la degradación ambiental con la seguridad nacional es un error analítico, porque las amenazas ambientales carecen de enemigo, no responden a la lógica de la fuerza y pueden alimentar el nacionalismo antes que la cooperación. Barnett (2001) advierte que este discurso suele proteger al Estado más que a los ecosistemas o a las personas, y Dalby (2009) sostiene que el cambio ambiental global exige pensar la seguridad desde la interdependencia y no desde la defensa de fronteras. Desde la securitización, el riesgo es concreto: la presentación del ambiente como amenaza existencial puede legitimar medidas excepcionales, desplazar a las autoridades civiles y convertir en sospechosas a comunidades que dependen del territorio (Buzan et al., 1998). La teoría que se propone a continuación asume estas objeciones como restricciones de diseño.
La teoría verde de la seguridad colombiana
La premisa de la teoría es que los asuntos ambientales y de recursos naturales alteran cuatro componentes del enfoque de seguridad y defensa: lo que se protege, aquello frente a lo cual se protege, los actores con los que se protege y los criterios con los que se mide el resultado. La propuesta ocupa una posición intermedia entre la seguridad ambiental de orientación estatal, con la que comparte la idea de que los recursos estratégicos son de interés nacional, y las perspectivas críticas, con las que comparte la preocupación por los efectos de securitizar el ambiente. Su aporte consiste en articular ambos planos mediante un criterio de subsidiariedad que delimita cuándo es legítimo emplear capacidades militares.
Fundamentos
Fundamento empírico. La relación entre recursos naturales y violencia armada tiene en Colombia un carácter estructural. Según la Fundación Ideas para la Paz, los integrantes de los grupos armados organizados pasan de 15.120 en diciembre de 2022 a 28.802 en julio de 2026 (Blanquicet, 2026), y el Ministerio de Defensa reconoce que entre 2023 y 2024 los puntos de extracción ilícita de oro aumentan un 16 % (Asuntos Legales, 2025). Una política que no intervenga estas rentas actúa sobre los efectos de la expansión armada sin afectar sus condiciones de posibilidad.
Fundamento teórico. La teoría adopta los tres conceptos de Eckersley (2007). La seguridad ecológica define el objeto de protección: el agua, la biodiversidad y los ecosistemas estratégicos. El desarrollo sostenible establece las condiciones de la acción estatal, y la justicia ambiental identifica como sujetos prioritarios a las comunidades que dependen de esos ecosistemas y soportan una proporción desigual de los riesgos. La seguridad humana (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 1994) opera como criterio de cierre, porque impide que la protección del ambiente se ejerza en contra de la población.
Fundamento jurídico. La Constitución de 1991 contiene lo que la Corte Constitucional denomina una "Constitución ecológica" (Corte Constitucional de Colombia, 1992): el artículo 8 obliga al Estado a proteger las riquezas naturales de la Nación, el artículo 79 consagra el derecho a un ambiente sano y el artículo 80 le ordena prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental (Constitución Política de Colombia, 1991). La jurisprudencia reconoce al río Atrato como sujeto de derechos (Corte Constitucional de Colombia, 2016), y la Ley 2111 de 2021 actualiza el régimen penal de los delitos contra los recursos naturales. El límite se encuentra en el artículo 217, que asigna a las Fuerzas Militares la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad territorial y el orden constitucional. La teoría no amplía esa finalidad: sostiene que proteger los recursos estratégicos frente a actores armados forma parte de la defensa de la integridad territorial y del orden constitucional, y que las demás funciones ambientales solo se ejercen en apoyo de las autoridades competentes.
Fundamento de política pública. La Política de Defensa y Seguridad de 2019 califica por primera vez el agua, la biodiversidad y el medio ambiente como interés nacional principal y prevalente (Ministerio de Defensa Nacional, 2019); la política 2022-2026 mantiene el tema entre sus objetivos (Comando General de las Fuerzas Militares, s. f.), y en 2025 el Ministerio de Defensa adopta la estrategia Midas contra la extracción ilícita de minerales (Asuntos Legales, 2025). En el plano operacional, los batallones de alta montaña del Ejército desarrollan procesos de propagación de frailejón y restauración en zonas afectadas por el conflicto (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2020). La teoría no parte de cero; su problema es la falta de continuidad entre iniciativas dispersas.
Fundamento ético. La teoría combina una responsabilidad intergeneracional, dado que la pérdida de un bosque primario o la contaminación de una cuenca con mercurio producen daños cuya reparación excede una generación, y una responsabilidad con quienes defienden el territorio, que en Colombia asumen un riesgo letal por hacerlo (Global Witness, 2026).
Postulados
- 1. Objeto referente ampliado. El agua, la biodiversidad y los ecosistemas estratégicos son objeto de protección de la seguridad nacional, junto con la población y el territorio.
- 2. Naturaleza dual de la amenaza. Las amenazas ambientales son intencionales, cuando provienen de actores que explotan o destruyen los recursos, o no intencionales, cuando derivan del cambio climático; cada categoría exige instrumentos distintos.
- 3. Subsidiariedad. El sector defensa actúa en apoyo de las autoridades ambientales y judiciales, no en su sustitución, y reserva el empleo de la fuerza para amenazas intencionales con capacidad armada.
- 4. Coherencia operacional. Las Fuerzas Militares reducen la huella ambiental de sus bases, operaciones y adquisiciones.
- 5. Seguridad con las comunidades. La acción estatal distingue entre estructuras criminales y poblaciones que dependen del territorio, y no trata la informalidad ni la pobreza como amenazas de seguridad.
- 6. Anticipación. La planeación de la defensa incorpora escenarios climáticos y ambientales de largo plazo.
La transformación del enfoque y la tipología de amenazas
La Tabla 1 contrasta el enfoque tradicional con el que propone la teoría. El cambio no implica abandonar la defensa del territorio, sino ampliar el repertorio de amenazas, incorporar nuevos socios institucionales y medir el éxito también con resultados ecológicos verificables. La Tabla 2, a su vez, clasifica las amenazas ambientales y asigna a cada una el papel que corresponde al sector defensa según el principio de subsidiariedad.
Tabla 1
Enfoque tradicional y enfoque verde de la seguridad
| Dimensión | Enfoque tradicional | Enfoque verde |
|---|---|---|
| Objeto referente | Estado, territorio y población | Estado, territorio, población y ecosistemas estratégicos |
| Amenaza principal | Grupos armados y Estados hostiles | Grupos armados que explotan recursos naturales y efectos del cambio climático |
| Instrumentos | Operaciones militares e inteligencia | Operaciones, inteligencia financiera, apoyo a autoridades ambientales y restauración |
| Socios | Fuerza Pública y Fiscalía | Además, Ministerio de Ambiente, Parques Nacionales, CAR, IDEAM y comunidades |
| Medida de éxito | Neutralizaciones, incautaciones y control territorial | Además, hectáreas protegidas o restauradas y reducción de la deforestación |
| Horizonte | Corto plazo, ciclo de campaña | Largo plazo, con escenarios climáticos |
Nota. Elaboración propia.
Tabla 2
Tipos de amenaza ambiental y papel del sector defensa
| Tipo de amenaza | Ejemplos | Papel del sector defensa |
|---|---|---|
| Intencional con capacidad armada | Minería ilegal controlada por grupos armados; deforestación financiada por economías ilícitas | Operaciones contra las estructuras, coordinadas con la Fiscalía y las autoridades ambientales |
| Intencional sin capacidad armada | Tala o minería informal de pequeña escala | Apoyo logístico y de seguridad a la autoridad ambiental |
| Ataques a infraestructura con daño ambiental | Voladura de oleoductos con derrames | Protección de infraestructura crítica y apoyo a la atención del daño |
| No intencional | Sequías, incendios forestales e inundaciones | Apoyo a la gestión del riesgo de desastres y a la restauración |
Nota. Elaboración propia.
Salvaguardas
La teoría traduce las objeciones de la literatura crítica en salvaguardas. La subsidiariedad restringe el empleo de la fuerza a las amenazas con capacidad armada y mantiene el cambio climático en el ámbito de la gestión del riesgo, sin construirlo como adversario. Las decisiones sobre licencias, áreas protegidas y sanciones permanecen en las autoridades ambientales. Las estructuras criminales se separan analíticamente de los pequeños mineros y campesinos, cuyo tratamiento corresponde a políticas de formalización y desarrollo rural, y el uso retórico del discurso ambiental se contrarresta con indicadores ecológicos públicos. Todo ello queda sujeto al control civil, al control judicial y al respeto de los derechos humanos.
Enfoque metodológico
La segunda parte del trabajo examina las condiciones de adopción de la teoría mediante prospectiva exploratoria: diagnóstico, factores de cambio, variables estratégicas, actores, escenarios por ejes de incertidumbre y escenario apuesta. El horizonte de 2036 abarca más de dos periodos presidenciales y permite observar si una política sectorial sobrevive a los cambios de gobierno. El ejercicio se apoya en revisión documental de literatura académica, documentos de política y prensa verificada hasta octubre de 2026, sin consulta a expertos ni ponderación cuantitativa de variables, por lo que los escenarios deben leerse como futuros plausibles y no como pronósticos. Su validación posterior se plantea mediante un Delphi de dos rondas con un panel de 10 a 15 participantes de los grupos de actores identificados: la primera ronda califica la influencia y la incertidumbre de las variables, y la segunda evalúa la plausibilidad de los escenarios y la viabilidad de las metas.
Diagnóstico: la situación en 2026
Los grupos armados organizados llegan a 2026 con una capacidad superior a la de cualquier momento de la última década. El Clan del Golfo pasa de 4.061 a 10.268 integrantes entre 2022 y 2026, el ELN alcanza los 7.123 y las disidencias de las FARC superan en conjunto los 10.000 (Blanquicet, 2026). La minería ilegal ilustra los límites de la respuesta estatal: las minas intervenidas pasan de 1.319 en el primer semestre de 2022 a 3.933 en el de 2026, mientras las capturas por extracción ilícita permanecen estables en torno a 770 por semestre (Blanquicet, 2026). La brecha sugiere que la acción estatal afecta los medios de producción, pero no las estructuras que los financian y controlan.
En 2025 el país pierde 119.483 hectáreas de bosque natural, de las cuales 77.805 corresponden a la Amazonia (La República, 2026), y registra 39 asesinatos de personas defensoras del territorio y el ambiente, la cifra más alta del mundo por cuarto año consecutivo (Global Witness, 2026). La coincidencia territorial entre deforestación, economías ilícitas y violencia contra defensores refuerza la hipótesis de que se trata de dimensiones de un mismo fenómeno.
El lugar del ambiente en la política de defensa, en cambio, varía con cada gobierno. La Política de Defensa, Seguridad y Convivencia Ciudadana 2026-2030 parte de un diagnóstico de "guerra híbrida" según el cual los grupos armados tienen presencia o control sobre cerca del 36 % del territorio y combinan narcotráfico, minería ilegal, secuestro y extorsión; su respuesta incluye el Plan Patriota 2.0 y la priorización de enclaves cocaleros y mineros (Polo Monterrosa, 2026). Las fuentes públicas no permiten establecer si la nueva política conserva el ambiente como interés nacional prevalente o si aborda la minería ilegal solo como fuente de financiación criminal. En el primer caso, la protección de los ecosistemas es un fin; en el segundo, un efecto secundario que puede sacrificarse ante otras prioridades operacionales.
Factores de cambio, variables y actores
La Tabla 3 sistematiza los factores con capacidad de modificar la relación entre ambiente y seguridad hasta 2036, distinguiendo tendencias, señales, incertidumbres y comodines, estos últimos definidos como eventos de baja probabilidad y alto impacto.
Tabla 3
Factores de cambio, 2026-2036
| Factor | Tipo | Evidencia o justificación |
|---|---|---|
| Crecimiento de los grupos armados | Tendencia | De 15.120 a 28.802 integrantes, 2022-2026 (Blanquicet, 2026) |
| Minería ilegal como fuente de financiación | Tendencia | 3.933 minas intervenidas en el primer semestre de 2026 (Blanquicet, 2026) |
| Deforestación y violencia contra defensores | Tendencia | 119.483 ha en 2025 (La República, 2026); 39 asesinatos (Global Witness, 2026) |
| Estrategias sectoriales contra la extracción ilícita | Señal | Estrategia Midas, 2025 (Asuntos Legales, 2025) |
| Prioridad ambiental en la política 2026-2030 | Incertidumbre | Componente ambiental no público |
| Precio internacional del oro | Incertidumbre | Determina la rentabilidad de la minería ilegal |
| Sequía extrema con desabastecimiento urbano | Comodín | Situaría el agua en el centro de la agenda de seguridad |
| Abusos documentados en operaciones ambientales | Comodín | Deslegitimaría el papel militar |
Nota. Elaboración propia a partir de las fuentes citadas.
De estos factores se derivan cinco variables estratégicas (Tabla 4), cuya selección es cualitativa y queda sujeta a la validación descrita en el enfoque metodológico. Sobre ellas inciden actores con intereses contrapuestos: el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares, orientados al control territorial; el Ministerio de Ambiente, Parques Nacionales, las CAR y el IDEAM, responsables de la conservación y el monitoreo; la Fiscalía y los jueces; el Congreso; las empresas extractivas; las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes; las organizaciones ambientales, y los grupos armados, cuya influencia crece con sus rentas.
Tabla 4
Variables estratégicas y estado en 2026
| Variable | Qué mide | Estado en 2026 |
|---|---|---|
| Prioridad ambiental en la política de seguridad | Si el sector defensa trata la protección de los ecosistemas como fin, con metas y recursos | Incierta tras el cambio de gobierno |
| Control estatal del territorio | Capacidad para impedir el control armado de zonas de recursos estratégicos | Debilitado: cerca del 36 % del territorio con presencia armada |
| Coordinación entre defensa y ambiente | Mecanismos permanentes entre ministerios, Fiscalía y autoridades ambientales | Parcial, limitada a estrategias puntuales |
| Rentabilidad de las economías ilícitas | Ingresos de minería ilegal, deforestación y tráfico de recursos | Alta y en expansión |
| Legitimidad social de la acción militar ambiental | Aceptación comunitaria y respeto de los derechos humanos | Variable según la región |
Escenarios a 2036
Los escenarios se construyen con las dos variables que combinan mayor influencia e incertidumbre: la prioridad ambiental en la política de seguridad, central o marginal, y el control estatal del territorio, consolidado o disputado (Tabla 5).
Tabla 5
Matriz de escenarios a 2036
| Eje de prioridad ambiental | Control estatal consolidado | Control estatal disputado |
|---|---|---|
| Prioridad ambiental central | Escenario 1: Seguridad verde | Escenario 3: Protección declarativa |
| Prioridad ambiental marginal | Escenario 2: Orden sin naturaleza | Escenario 4: Saqueo armado |
Seguridad verde
En 2036 el Ministerio de Defensa ejecuta un programa ambiental sectorial con metas, presupuesto y rendición de cuentas. Las operaciones contra la minería ilegal se dirigen a las estructuras y sus flujos financieros, en coordinación con la Fiscalía y las autoridades ambientales, y la deforestación desciende de forma sostenida. Sus indicadores tempranos serían la reglamentación de la política 2026-2030 con metas ambientales y el aumento de las capturas en proporción a las minas intervenidas.
Orden sin naturaleza
La ofensiva contra los grupos armados recupera el control de amplias zonas, pero el sector defensa abandona las funciones ambientales y la frontera agropecuaria y minera avanza sin controles suficientes. Los indicadores de seguridad tradicionales mejoran sin que ello se traduzca en protección de los recursos estratégicos. La ausencia de metas ambientales en los planes de campaña anticiparía este escenario.
Protección declarativa
El marco normativo asigna funciones ambientales al sector defensa, pero el Estado no revierte la expansión territorial de los grupos armados, y las unidades militares concentran sus capacidades en el combate. El discurso verde justifica asignaciones presupuestales sin resultados verificables. Lo anticiparían declaraciones de política sin indicadores ni presupuesto y el crecimiento simultáneo de los grupos armados y de la deforestación.
Saqueo armado
El ambiente desaparece de la agenda de seguridad y los grupos armados consolidan su dominio sobre zonas mineras y forestales, contaminan cuencas con mercurio y atacan a quienes se oponen a la explotación. Sus indicadores tempranos serían el aumento sostenido de minas ilegales y de asesinatos de defensores ambientales.
Los comodines de la Tabla 3 pueden desplazar el sistema entre cuadrantes. Una sequía extrema con desabastecimiento urbano favorecería una prioridad ambiental central, mientras la documentación de abusos en operaciones ambientales erosionaría la legitimidad del papel militar y aproximaría el sistema a los escenarios 2 o 4.
Escenario apuesta y estrategia
El escenario apuesta es Seguridad verde, por ser deseable y alcanzable con los instrumentos jurídicos existentes. Su realización exige un programa ambiental del sector defensa, dirigido por el Ministerio de Defensa y ejecutado por las Fuerzas Militares, orientado por los conceptos de Eckersley (2007) y condicionado por las salvaguardas descritas (Tabla 6). Su alcance es deliberadamente acotado: las Fuerzas Militares no deciden sobre licencias, áreas protegidas ni formalización minera, sino que garantizan las condiciones de seguridad para que esas decisiones se cumplan, desarticulan las estructuras que se financian con los recursos y aportan capacidades de restauración donde mantienen presencia.
Tabla 6
Programa ambiental del sector defensa: líneas, indicadores y metas
| Línea | Acciones | Indicador | Línea base | Meta 2036 |
|---|---|---|---|---|
| Capacitación | Formación en derecho ambiental y delitos contra los recursos naturales; gestores ambientales por unidad | Unidades con gestor ambiental formado | Por levantar en 2027 | 100 % de unidades tácticas |
| Prevención | Operaciones contra estructuras de minería ilegal y deforestación, con inteligencia financiera | Capturas por cada 100 minas intervenidas | ≈ 20 (primer semestre de 2026) | Duplicar la proporción |
| Prevención | Protección de defensores ambientales en zonas con presencia militar | Defensores asesinados por año | 39 (2025) | Reducción sostenida |
| Corrección | Viveros, reforestación con especies nativas y trabajo con comunidades | Hectáreas restauradas con seguimiento ambiental | Por levantar en 2027 | Por concertar con Minambiente |
| Coherencia operacional | Certificación ambiental de bases; energías renovables | Bases certificadas | Por levantar en 2027 | Mayoría de bases |
| Evaluación | Informe anual público con indicadores ecológicos y de derechos humanos | Informe publicado | Inexistente | Anual desde 2028 |
Nota. Las líneas base proceden de Blanquicet (2026) y Global Witness (2026). Las metas son propuestas de este trabajo y requieren concertación con las autoridades competentes.
Conclusiones
La explotación ilícita de recursos naturales y el cambio climático ya modifican el enfoque de seguridad y defensa en Colombia, aunque ese cambio carece de un marco que lo ordene. Los grupos armados crecen cerca de un 90 % en cuatro años y financian parte de su expansión con minería ilegal y deforestación; en esas condiciones, proteger los recursos naturales es también una forma de afectar su capacidad y de proteger a la población.
La teoría verde de la seguridad colombiana ofrece ese marco. Su aporte frente a la literatura reside en combinar la ampliación del objeto referente de la seguridad con salvaguardas explícitas contra la militarización, lo que permite responder a las objeciones de Deudney, Barnett y la teoría de la securitización sin renunciar al papel del sector defensa. El principal obstáculo para su adopción es institucional, porque la prioridad del ambiente en la política de defensa fluctúa con cada gobierno. Por ello se recomienda institucionalizar el programa mediante una instancia permanente entre los ministerios de Defensa y Ambiente, con indicadores públicos y metas a 2036, y validar las variables y los escenarios con expertos y comunidades en una fase posterior de la investigación.
Referencias
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